Activistas gays denuncian persecución, palos y secuestros en Honduras

“Nos golpeaban y nos decían que llamemos a Chávez para que nos defienda”

por Bruno Bimbi

El domingo pasado, el joven Héctor Licona se levantó temprano para ir a votar, pero un llamado sorpresivo acabó con la tranquilidad de esa mañana en la capital hondureña: un compañero le contó que habían secuestrado al presidente de la República. Encendió la televisión y los canales locales no decían nada. Sintonizó el canal 8, estatal, y llegó a ver el último mensaje antes de que comenzara la censura. Los periodistas contaban que Manuel Zelaya había sido raptado por un grupo golpista y que los militares estaban ingresando al canal para interrumpir la transmisión. Las últimas palabras que escuchó en la televisión fueron un llamado a concentrarse frente a la casa de gobierno. Con 23 años, Héctor nunca había vivido un golpe de Estado.

Nacido y crecido en Tegucigalpa, capital de Honduras, este joven diseñador gráfico es voluntario de varias organizaciones no gubernamentales que luchan contra la discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans, y en la prevención del VIH. Con sus compañeros y compañeras de la Asociación LGBT Arcoiris de Honduras, Héctor viene participando de las movilizaciones que exigen la inmediata vuelta al gobierno del presidente constitucional y el fin de la aventura golpista del dictador Roberto Micheletti.

—¿Cómo está el conflicto en las calles? —le preguntó este diario.

—Nosotros nos sumamos a las manifestaciones contra del golpe de Estado desde el mismo domingo y continuamos en las calles el lunes. Ese día, alrededor de las 14 horas, cuando nos encontrábamos cerca de la casa presidencial manteniendo una calle bloqueada, varios policías nos salieron al frente y comenzaron a arrojar gases lacrimógenos. Tuvimos que retroceder, pero algunos manifestantes respondieron arrojando piedras y la policía comenzó a perseguirnos, hasta que nos acorralaron en las inmediaciones de un puente. Allí nos obligan a agacharnos y tirarnos al suelo, para que la prensa no pudiera ver lo que estaba pasando, y empiezan a golpearnos. Nos decían: “Llamen a Chávez para que los defienda”.

—¿Qué pasó después?

—Llamaron a las patrullas y nos llevaron a la estación policial. Éramos alrededor de 50 personas. Mientras viajábamos nos seguían golpeando. Cuando llegamos, ni nos preguntaron nuestros nombres ni nos pidieron los documentos. Sin embargo, este sábado, el coordinador de la asociación, Donny Reyes, supo que cinco de los activistas que estuvimos detenidos estamos acusados por el supuesto delito de “sedición”. Somos Donny, Patrick Pavón, otras dos personas cuyo nombre desconozco y yo —explica Licona. Las otras dos personas a las que se refiere, según pudo saber este diario, son Claudia Cervantes y Lizeth Avila.

—¿Ha pasado lo mismo en otras protestas?

—Sí, porque hay manifestaciones en todo el país. Tanto en Tegucigalpa como en el resto del país eran siempre pacíficas, con excepción de la que hubo el lunes en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante de Honduras, donde hubo varios enfrentamientos. Pero este viernes, en otra manifestación, se llevaron a al menos 75 personas. También supimos que diez autobuses llenos de manifestantes que venían desde el departamento de Olancho fueron interceptados en el camino por los militares, que dispararon contra los neumáticos para detenerlos. Lo mismo pasó con otros cuatro autobuses que venían del departamento de Cortés. Sabemos que han detenido a varias personas en otras ciudades.

—Además de los detenidos en las manifestaciones, ¿ha habido otros casos?

—Sé de un líder del movimiento juvenil y de un periodista; no recuerdo ahorita sus nombres. También secuestraron a Allan Mc Donald, un reconocido caricaturista. Allan daba abiertamente su apoyo al presidente constitucional y fue raptado por los militares el mismo día del golpe, según denunciaron otros artistas que lo conocen. Hasta hoy, continúa desaparecido. También me ha llegado la información de que los militares están reclutando jóvenes de las zonas rurales y este viernes supimos que al hermano de un compañero de nuestra asociación trataron de llevárselo cuando estaba en un mercado de la ciudad.

—¿Hay información sobre todos estos hechos en la prensa de Honduras?

—No. Ningún medio informa sobre las manifestaciones que hay en todo el país en contra del golpe, salvo para ofender a sus participantes o minimizar la concurrencia. Lo único que sale en los medios son las manifestaciones a favor de los militares, que en verdad no son muchas. Pero la censura es evidente: los militares han cerrado alrededor de cincuenta programas o emisoras de radio y también el canal 36, que apoyaba al presidente Zelaya. Sobre los pronunciamientos internacionales, como el de Obama, la información llega a medias o alterada, por lo que lo único confiable son los medios internacionales.

—¿Y tienen acceso a ellos?

—En mi caso, consigo ver Telesur, aunque por momentos bloquean la señal, y Globovisión. La CNN en español está bloqueada desde el martes. La conexión a internet comenzó a presentar fallas desde el viernes anterior al golpe y el domingo no funcionó en todo el día. El lunes sólo funcionaba por momentos y, desde entonces, la señal va y viene y la compañía sólo da excusas. También sé que muchas personas se han quedado sin teléfono, pese a tener las facturas al día —explica Héctor, y la comunicación con este diario confirma sus palabras. Sólo después de las dos de la mañana fue posible terminar esta entrevista exclusiva con Crítica de la Argentina, que comenzó realizándose por Skype (servicio internacional de comunicaciones telefónicas por internet) y acabó por chat y email, dado que la conexión de Héctor caía todo el tiempo y había que esperar a que volviera a establecerse para continuar.

ZELAYA Y EL ACTIVISMO GAY. “La mayoría del movimiento LGBT de Honduras está participando de las manifestaciones contra el golpe, aunque lo hacemos como movimiento, no como organizaciones, porque las organizaciones no intervienen en política”, explica Licona.

—¿Cuál es la situación de los derechos humanos de la población LGBT en Honduras?

—Es muy similar a la de otros países de la región, pero hay estudios que demuestran que los crímenes de odio contra nuestra población son aquí más acentuados. En los últimos cuatro meses del año pasado y lo que va de este año, hemos tenido más de 25 compañeros muertos, más otros que se han salvado de milagro. La Asociación Arcoiris presentó en lo que va de este año 85 denuncias por violaciones a los derechos humanos, y no ha habido respuesta.

—¿El presidente Zelaya había hecho algo al respecto?

—La verdad es que no mucho. Lo único que puedo decirte es que su gobierno le otorgó al fin la personería jurídica a nuestra organización, pero nuestros reclamos no fueron atendidos. Por mi parte, yo no voté por Zelaya ni era simpatizante suyo, aunque sí apoyé con otros compañeros el llamado a la consulta popular. Mi simpatía por Zelaya viene luego de los aumentos del salario mínimo (aunque a mí no me alcanzaba) y la adhesión al ALBA. Pero la población, más que apoyar a Zelaya, está contra el golpe. Zelaya fue electo presidente por la mayoría y queremos que el voto del pueblo sea respetado.

—Chávez dijo que Venezuela podía intervenir militarmente para restituir a Zelaya en el poder. ¿Cuál es tu opinión?

—No niego que se puede dar el caso en el que necesitemos ayuda externa para enfrentar esta crisis, pero no de la forma que piensa Chávez. Hay mecanismos y formas de usar la ayuda externa, incluyendo eventualmente el envío de tropas, pero primero hay que agotar todas las instancias diplomáticas. Si eso no da resultado, pues ya veremos...

—¿Cómo puede colaborar, hoy, la comunidad internacional?

—Nosotros llamamos a las organizaciones de DD.HH. de todo el mundo a pronunciarse sobre esta situación que estamos sufriendo los hondureños y las hondureñas. Sé que eso no resolverá la crisis, pero en este momento necesitamos sentir que no estamos solos, para tener más fuerzas para seguir luchando.

Honduras: políticos, empresarios y militares protagonistas de un golpe anunciado

por Leticia Salomón *

A. LOS HECHOS

1. La detención y expatriación del Presidente

El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.

2. El proceso de producción del golpe de Estado

El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.

La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.

3. El desencadenante

La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.

B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA

Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:

1. Intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).

2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.

3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.

4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.

C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS

1. El Presidente quería imponer la democracia participativa

La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.

2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales

La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.

3. El Presidente pretendía continuar en el poder

El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.

4. El Presidente quería instaurar el comunismo en el país

La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.

5. El Presidente ha incumplido sus funciones

El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.

D. EL PAPEL DE LOS MILITARES

Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.

Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.

E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:

1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo

La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.

2. Sustitución versus derrocamiento

La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.

3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios

El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.

4. De candidato perdedor a Presidente de facto

La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.

F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS

Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:

1. Politización partidaria de las instituciones

Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.

2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo

En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.

3. Incapacidad política para lograr acuerdos

De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.

4. Recurrencia a poderes arbitrales

Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.

5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación

Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.

G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO

Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.

Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.

Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.

Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.

- Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
- Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
- Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.

Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009

* Leticia Salomón es socióloga y economista, profesora-investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH). Autora de varios libros de análisis político-social.

Más información: http://alainet.org

COMUNICADO DE PRENSA DE HIJOS

“Otro Julio sin López” se denomina la actividad que realizará la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) todos los sábados de Julio a partir del día 4, en la peatonal de Muñecas y Mendoza.

La actividad, que se realizará de 10 a 13hs todos los sábados, será denominada "Otro Julio sin López", ya que el próximo 18 de Septiembre se cumplen 3 años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el marco del juicio contra el genocida Etchecolatz, quien fuera condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos en el marco del genocidio que sufrió nuestro país.

Las jornadas se llevan adelante a través de 3 ejes fundamentales. Profundizar el debate sobre el GENOCIDIO en Tucumán y así difundir la importancia de los juicios como procesos de reparación y restitución de los principios democráticos, la impostergable obligación de que estos crímenes sean pagados con CÁRCEL COMÚN, EFECTIVA Y PERPETUA, e instalar la importancia que tienen los TESTIGOS sobrevivientes del horror, reivindicándolos como fundamentales testimonios de valentía en la reconstrucción de nuestro pasado reciente.

Por esto se recolectarán firmas para pedir Cárcel Común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices, entre otras actividades a lo largo de todo el mes.

“Otro Julio sin López” marca un inicio de las acciones que llevaremos adelante a un mes del inicio del Juicio Oral por los crímenes cometidos en La Jefatura de Policía de Tucumán, durante la última dictadura militar. El mismo juzgará a los responsables del Centro Clandestino de Detención “ La Jefatura ” por el secuestro y desaparición de 22 personas, configurándose así como una muestra del plan sistemático de exterminio y violaciones masivas a los Derechos Humanos a los opositores a la dictadura.

H.I.J.O.S.TUCUMAN